Patricio Valdés Marín

pvaldesmarin@hotmail.com  

Un individuo busca pertenecer y ser incluido dentro de un todo social. A su vez un grupo social es excluyente de otros grupos sociales a causa de la rivalidad natural que se produce entre ellos. La estructura socio-política o nación es el fruto de la interacción de la sociedad civil y la estructura política, o el Estado en sociedades más desarrolladas. Mientras el Estado concentra el poder político, su autoridad proviene de la sociedad civil. La función del Estado es promover el bien común, perseguir la paz y el orden a través de la justicia, y la defensa externa. Los individuos tienden a respetarse por un deseo innato de justicia.

Política y ética

A pesar de que el ser humano ha heredado el comportamiento agresivo biológico estereotípico, propio de los primates, que lo impulsa a establecer su individual posición jerárquica dentro de su grupo social y a ocupar su propio territorio, su inteligencia, que es su rasgo determinante en contraste con los restantes animales, caracteriza aquel comportamiento más biológico cuyos orígenes se pierden en el tiempo. Su inteligencia le otorga enorme habilidad para interactuar con el medio de una manera colectiva. Además de ser capaz de exigir el respeto a sus propios derechos, el ser humano tiene la disposición racional de respetar los derechos del otro, aceptando la exclusión propia de lo que reconoce que al otro le corresponde a niveles enormemente más complejos y sutiles que la aceptación o rechazo, el respeto o agresión, que existe dentro de un grupo de animales.

Un ser humano respeta el derecho del otro no sólo motivado por el deseo de vivir en paz, en la suposición de que la convivencia es un bien de una escala mayor y más preciado que la injusticia que podría existir en un derecho; principalmente lo respeta a causa de la percepción de que la justicia es una actividad netamente racional y comienza a manifestarse intensamente desde la misma niñez. Las conclusiones lógicas tras la expresión de la justicia impulsan al ser humano a inventar sistemas políticos y jurídicos que posibilitan un mejor ejercicio de la justicia y la equidad, y crea las instituciones para defenderlos. Su misma inteligencia lo lleva a construir complejas empresas que posibilitan acciones conjuntas extraordinariamente eficientes y funcionales.

La sociedad humana no es un conglomerado de individuos, como podría serlo una colonia de líquenes, ni siquiera una organización estructural integrada por individuos tan unifuncionales como las abejas de una colmena. Es cualitativamente más que una banda de primates estructurada para cumplir sus numerosas funciones y la de los individuos que la componen. La sociedad humana es fundamentalmente una creación de los propios individuos inteligentes que la integran. Se diferencia de todas las demás estructuras y organismos en cuanto sus unidades discretas se asocian intencional y creativamente para crear estructuras tan complejas como las necesidades que satisfacen. Cada ser humano es un homo politicus, lo cual significa que, además de un requerimiento de su vida social, tiene la capacidad intelectual para evaluar situaciones de poder y fuerza política y para interactuar políticamente dentro de su entorno social.

Los seres humanos se organizan en tribus y sociedades más complejas cuyas estructuras se construyen para desarrollar funciones múltiples, pero determinadas, y éstas funcionan gracias al poder (capacidad para ejercer fuerza) que proviene de sus integrantes. Muchas funciones potenciales del individuo sólo se pueden desarrollar en el marco de una estructura de escala mayor, como un grupo social; a su vez, esta estructura de escala mayor le impone sus propias condiciones para funcionar. Sin embargo, la funcionalidad de un grupo social obedece a reglas propias y distintas que aquéllas que gobiernan la razón de un ser humano. Las normas jurídicas (aquéllas cuyo incumplimiento llevan aparejada una sanción legal) y las normas éticas (aquéllas cuyo incumplimiento llevan aparejada una desaprobación social), todas las cuales surgen a través de la práctica de la interacción social, estructuran jurídica y éticamente una sociedad. No obstante, las normas que se establecen pueden, o no, ayudar a mejorar la estructura de la organización social e incluso a encauzar la fuerza de ella, pero no sustituye, como sería la preferencia personal de muchos legisladores, la fuerza individual y social que se requiere para su funcionamiento.

Los mecanismos de convivencia son éticamente válidos para el interior de una estructura social y, naturalmente, un grupo competidor es considerado como un enemigo en potencia. Un ser humano, para sobrevivir, siempre está tras pertenecer y ser socialmente incluido. Perteneciendo a un grupo, logra asegurar y satisfacer sus necesidades y defenderse de la competencia ajena. La pertenencia produce un emotivo orgullo de identidad, como por ejemplo el orgullo nacional. Inclusive, un individuo busca forzosamente pertenecer para salir de su aislamiento y soledad natural, como cuando se torna en trabajador de una empresa, en hincha de un personaje público, deportivo o de la farándula, o en miembro de un club literario. Lo que caracteriza el comportamiento social de todo individuo es la aceptación y el hacer todo lo posible para evitar el rechazo que podría provocar si no actúa según lo dispone el grupo.

Pero al pertenecer a un grupo, cualquiera sea su dimensión y función, un individuo está necesariamente, aunque muchas veces sin intención, excluyendo a los individuos de otro grupo. Muchas veces se llega incluso a considerarlo como un competidor, adversario, como cuando se enfrentan las hinchadas en un campeonato de fútbol, moderna expresión de las ancestrales contiendas tribales, y hasta a calificarlo como un enemigo y enfrentarse con toda la hostilidad y violencia posible en el campo de batalla. Por razón de pertenencia su grupo le obliga a rechazar grupos competidores o rivales. Las tendencias hacia ser parte y hacia la exclusión provienen de las conductas básicas de los animales relativas a la sumisión y la agresividad y de la mecánica de interacción entre grupos distintos.

Herbert Spencer (1820-1903), en Los principios de la ética, 1893, quiso explicar esta ambivalencia del comportamiento humano. El comportamiento que exige tanto la “cooperación interior” como la "defensa exterior” obedecería a dos códigos opuestos: el “código de la amistad” y el “código de la enemistad”, es decir, a una “amistad interna” y a un “antagonismo externo”. De este modo, estas dos éticas contrapuestas, donde las virtudes y las obligaciones son igualmente aprobadas y condenadas según el tipo de código, deben ser asumidas por los individuos al vivir en sociedad.

El mecanismo social de pertenencia y exclusión tiene su expresión cultural en lo que se entiende como el “ethos cultural”. La ética resume como normas las conductas que posibilitan a un individuo humano sobrevivir y a la estructura social subsistir. El ethos cultural es el conjunto de normas éticas que guían a un grupo social determinado. Estas son tan sutiles como envolventes; tan propias de un grupo como incomunicables a otros grupos; tan concretas como difíciles de definir. El individuo queda empapado de ellas desde su infancia y en especial en su adolescencia, cuando se encuentra en la edad para recibir una decisiva impronta cultural de valores más abstractos; y cuando es adulto, la transmite a los menores de su grupo.

Aunque para ser justos con los niños, los juegos infantiles, que son activas acciones comunitarias complejamente normadas, se transmiten exclusivamente entre los mismos niños. En algunos casos muchos de estos juegos han tenido una duración de siglos y milenios sin mayores modificaciones. Lamentablemente, el advenimiento de la televisión y la civilización contemporánea han conseguido destruir la longeva línea de transmisión de muchos juegos. Pensemos, por ejemplo, en el trompo o en las bolitas.

El ethos cultural tiene una permanencia que muchas veces complota contra la supervivencia del individuo y hasta contra la subsistencia del grupo, cuando sus componentes (normas, mores, costumbres, ritos, etc.) van quedando obsoletos y no responden ante las nuevas exigencias impuestas por el medio en permanente cambio. Una vez puesta la camiseta distintiva de un grupo, es muy difícil sacársela. La lealtad tiene una fuerza psicológica determinante. Pero, por otra parte, quien no actúa según el ethos es marginado del grupo.

La pertenencia a un grupo social obliga a la solidaridad. Por el contrario, la exclusión pone al otro en competencia con uno. Cuando se produce la pertenencia, surge la solidaridad. Cuando aparece la exclusión, nace la competencia. Una estructura política, como el Estado, busca incluir los distintos grupos en un todo de pertenencia y solidaridad. Existe un contradicción radical cuando una democracia permite un modelo económico neoliberal para definir las relaciones sociales. En una muestra extrema de humanismo el Evangelio cristiano enseña que es más digno y equitativo ser solidario con el competidor que con el cercano.

La existencia del mecanismo de estructuración social, por el cual un individuo adquiere permanencia dentro de un grupo, pero a costa de excluir a otros, ha sido tanto la fuente de las crónicas tragedias sociopolíticas que sufre la humanidad como la forma cómo se cohesiona y subsiste la estructura. No obstante dicha contradicción no tiene un grado de necesidad absoluta y puede ser superado con inteligencia, tolerancia y buena voluntad.

Un sistema político es exitoso en la medida que logre integrar a los individuos de estructuras sociales diversas en estructuras sociopolíticas más amplias, pluralistas y, por tanto, de escala mayor. Por el contrario, un sistema falla cuando sufre la desintegración de sus componentes o cuando algunos grupos, en vez de ser integrados, son intolerantes y someten o son sometidos con violencia. Esta situación es foco de conflicto e inestabilidad social. Lo que garantiza la paz interna y la estabilidad social es el reconocimiento por parte de los individuos de los derechos de cada cual en cuanto individuo con los mismos derechos que uno mismo, y no precisamente el reconocimiento de grupos privilegiados. Esta condición demanda tolerancia hacia grupos rivales y pluralismo para aceptar a sus miembros con igualdad de derechos civiles.

La historia humana formal de toda nación es en parte una relación cronológica de la estructuración de grupos sociopolíticos y del ejercicio de la fuerza política. Algunos de los acontecimientos son reiterativos y también son fuentes de enseñanzas. En primer lugar, las ideologías políticas son mitos relacionados con la solución de los problemas humanos, sociales, económicos o políticos y destinados a movilizar la mayor cantidad de fuerza posible. Aprendemos que nunca ninguna fuerza ha sido tan eficaz como se ha estimado, ni ha servido adecuadamente para los propósitos pretendidos. El voluntarismo ideológico es a menudo opacado por la acción de fuerzas sociopolíticas que son difíciles de analizar y mucho menos de evaluar cuando ocurren los hechos. En la distancia del tiempo y haciendo un recuento de los sucesos, los historiadores pueden evaluar con mayor precisión la magnitud y la intensidad de tales fuerzas.

El punto que hemos querido destacar es que las fuerzas centrípetas y centrífugas, egoístas y solidarias, de los individuos humanos, los cuales están genéticamente condicionadas, pero que también son manifestaciones racionales, y por tanto éticas, determinan toda estructuración socio política. Ninguna estructura tal depende únicamente de determinadas acciones de la estructura política para favorecer una conducta solamente centrífuga, solidaria, de carácter ético, ni este tipo de conducta logra determinar la estructura política, como pretendía Platón (427 a. C – 347 a. C.) en su República. La función primera de cualquier estructura social no es precisamente promover la acción moral de los individuos, como supuso Platón, sino que es la supervivencia, la reproducción, la solidaridad, la cooperación y la autoestructuración de los individuos, actividades éstas que estructuran en último término la ética y la política. A través de asociaciones que implican el establecimiento de jerarquías, el mantenimiento de lealtades y el respeto de las normas acordadas se garantizan estas funciones que son propias de cada individuo.

La estructura socio-política

La política es la actividad colectiva y organizadora de la estructura socio-política en un territorio dado a partir de la fuerza socializadora que ejerce cada ser humano en su propio esfuerzo de supervivencia y reproducción. En base a esta organización colectiva la política se constituye en poder para dirigir, gobernar y administrar el desarrollo de la estructura socio-política. La ley es la medida del ordenamiento de las fuerzas individuales intencionadas. Este poder se constituye en estructura política para encauzar y orientar el caudal de fuerzas hacia objetivos consensuados y determinados por el bien común. 

Una estructura socio-política, llamada nación o polis, se establece por la interacción de dos estructuras: la social y la política, siendo ambas sus unidades discretas. La primera, denominada comúnmente sociedad civil o pueblo es precisamente el fundamento de la segunda, que sería su cabeza y que, en la forma moderna, se llama Estado. La unidad de una estructura socio-política depende de la capacidad de la estructura política para incluir dentro del alcance territorial de su poder a una población, la cual por el hecho de ser incluida se estructura socialmente. Entre la estructura social y la estructura política existe una relación simbiótica, por la que ambas se necesitan recíprocamente y no pueden existir separadamente.

De este modo, en la estructura socio-política coexisten una estructura social que, aunque contiene el poder, es dirigida y gobernada, y una estructura política que ejerce el poder para dirigir y gobernar en nombre de la primera. La autoridad para el uso legítimo del poder es conferida libremente por la estructura social a la estructura política. Ciertamente, si no existiera libertad y consentimiento, la estructura política haría un uso ilegítimo del poder, siendo a su vez legítimo que la estructura social intente independizarse de este, que es consecuentemente opresivo, por ser su origen ajeno a esta.

La estructura socio-política demanda de la actividad política una dirección para que la acción de sus distintos componentes (individuos e instituciones) tenga un sentido y un objetivo según el bien común. Ella se da, a través de la estructura política, estructuras normativas o constitucionales que establecen límites y pautas para el comportamiento entre los individuos y entre éstos y la estructura política. El cuerpo normativo sirve para encauzar la acción de ambas estructuras y de sus componentes.

Mientras las unidades discretas naturales de la estructura social son los individuos humanos, las unidades discretas del Estado son las instituciones que ejercen el poder político, siendo a su vez sus propias unidades discretas también individuos humanos, pero investidos del mandato popular. Tanto la acción de los individuos que componen la estructura social como las funciones de los individuos que integran las instituciones políticas están regidas por leyes que son dictadas, aplicadas y enjuiciadas por la estructura política. La diferencia es, por supuesto, que mientras un individuo puede hacer todo lo que la ley le permite, un funcionario debe hacer todo lo que la ley le obliga. La ley es el condicionamiento estructural para la acción humana en el ámbito cívico.

Los seres humanos, de acuerdo a su naturaleza condicionada por eones de actividad tribal en la caza, la guerra, la recolección y la trashumancia, no sólo buscan un líder, también le reconocen su autoridad, le ofrecen lealtad y fidelidad y se someten a su dirección. En esto los seres humanos nos comportamos como los lobos, que son otra especie que caza en grupo y que reconocen un líder que los etólogos denominan lobo alfa. En general, la lealtad y la fidelidad se mantienen mientras el sentido y el objetivo propuestos coincidan con la voluntad de los seguidores. Este condicionamiento biológico-inteligente está en el origen de la estructura socio-política, y las diversas formas que éstas adoptan siguen los patrones de la naturaleza genética de los humanos. Resulta necesario aclarar que si la estructura socio-política es netamente humana, lo es porque sólo los seres humanos, entre todos los seres vivientes, establecemos sociedades que se caracterizan por el carácter intencional de las relaciones entre los individuos.

Debemos reconocer, sin embargo, que una república difiere del patrón biológico. Aunque la autoridad del líder proviene de la mayoría, es el líder quien, como mandatario, debe primeramente lealtad y fidelidad a la voluntad de la estructura social, que es el pueblo y que se expresa en la constitución y las leyes, las que también norman su acción. La razón es que una república surge por el reconocimiento intelectual que se da al valor de la persona y sus propios objetivos que trascienden el ordenamiento social.

En cualquier agrupación social estructurada existe la función del director. Está el gerente en una empresa, el general en un ejército, el jefe en una oficina, el patrón en una faena. Así también, en la estructura socio-política el director es el gobernante. Puesto que el objeto de la política es el gobierno de esta estructura, gobernar es dirigir y gobernar con autoridad. Como todo director, el gobernante debe ser visible para poder interpelar y ser interpelado. Puede ser una persona ignorante, loca o necia, pero en ningún caso puede ser una máquina, como podría ser una sofisticada computadora de octava generación. También, con el objeto de que la interpelación sea unívoca y no contradictoria, es conveniente que el cargo sea ejercido por una sola persona, más que en forma colectiva.

En todos los casos concretos la fuerza del gobierno proviene, en primera instancia, del poder conferido por la estructura social. En segunda instancia, proviene del líder y su capacidad para controlar, comandar, dirigir y encauzar dicho poder, pues gobernar significa justamente ejercer el poder. El poder político consiste formalmente en el puro prestigio, en las facultades legales que el líder posee para ejercerlo y/o en sus cualidades personales, y, materialmente, en los recursos económicos, culturales, morales, militares, etc. que la estructura cívica puede capitalizar y poner a su disposición. Normalmente, la estructura social consiente o autoriza a la estructura política su empleo. A veces, ésta emplea el poder sin el consentimiento ni autorización de aquélla. Naturalmente, en el primer caso, se habla de un gobierno legítimo; en el segundo, se trata de una tiranía. Por ello, la estructura social tiene el legítimo derecho para derrocarla.

La fuerza que puede ejercer un gobierno puede ser considerable si el poder es cuantioso y el líder lo sabe administrar. El éxito en política está en relación directa al poder que se dispone. El poder es sin duda muy grande cuando la estructura política cuenta con el respaldo leal y abnegado de toda una nación. La fuerza puede estar dirigida a diversos objetivos, desde el desarrollo cultural, social y económico de la nación y el bien común del pueblo, hasta hacer la guerra o aniquilar una minoría. Ciertamente, el tamaño del objetivo debe ser proporcional a la fuerza disponible. Un gobierno que confronte un poder político adverso ve disminuida su fuerza para perseguir otros objetivos. Un gobierno sin el poder necesario y/o sin el liderazgo requerido puede dar lugar al debilitamiento nacional.

En la estructuración política, no existe una meta definida ni nadie que sepa llegar allí con certeza, aunque Marx hubiera supuesto lo contrario con su idea del comunismo y la lucha de clases que terminaría necesariamente por establecerlo. Tal como en la evolución biológica, donde los organismos vivientes van cambiando lentamente en el tiempo debido al mecanismo de la supervivencia del más apto, la estructuración socio-política se va desarrollando entre el ansia de poder y riqueza y el deseo de paz y orden, entre la codicia y la solidaridad. Sin embargo, si en la evolución biológica no existe una dirección definida que no sea ser más funcional para la supervivencia y la reproducción, la estructuración socio-política sigue el curso de una cada vez mayor conciencia de la libertad y la autodeterminación en una civilización cada vez más compleja y demandante de soluciones para los nuevos y difíciles problemas que se van presentando.

El Estado

La estructura política o polis, ya desarrollada como la conocemos, constituye el Estado, mientras la estructura social es el pueblo o sociedad civil, y ambos constituyen la nación. El Estado se caracteriza porque detenta el poder político, es decir, posee el monopolio del poder para ejercer la fuerza política y dirigir y gobernar la estructura social. La antítesis del Estado es la anarquía. En una república el poder del Estado es legítimo cuando tiene la autoridad del pueblo para ejercerlo. Una república con un Estado legítimo garantiza el ejercicio máximo de la libertad individual. Las monarquías europeas detentaban el poder, porque el pueblo, es decir, unos súbditos muy religiosos, claro, suponían que los reyes poseen la autoridad para reinar que proviene del mismo Dios.

Unos de los poderes del Estado es el gobierno. Usualmente, la base del poder del gobierno radica en el apoyo que ofrece el grupo más poderoso de la estructura social. Para que el poder del gobierno sea efectivo y éste sea estable, la fuerza de este grupo debe ser igual o mayor que la fuerza combinada de los otros grupos de esta estructura. Recíprocamente, el gobierno, para obtener dicho apoyo, gobierna en función de los intereses de este grupo de poder. En una república, por el contrario, el poder del Estado reside en la totalidad de la sociedad civil y el gobierno se realiza en función del bien común. El objetivo del Estado no es el poder, sino el bien común de la nación, siendo el poder un medio para alcanzarlo. En una democracia el poder político de los representantes del pueblo proviene del voto popular. Menos Estado, estos es, menos poder, que es lo que persiguen los liberales, significa corrientemente mayores privilegios para los poderosos.

El Estado concentra el poder político, siendo incompatible más de un Estado para una sola sociedad civil. El soberano absoluto Luis XIV de Francia tenía razón cuando afirmaba que él mismo era el Estado. En una república la soberanía reside en el pueblo. A partir de John Locke (1632-1704) y C. L. de S. Montesquieu (1689-1755), el poder del Estado ha sido dividido en tres para conseguir un equilibrio entre éstos y evitar su concentración que históricamente ha generado corrupción, arbitrariedad y despotismo. Así, tres instituciones diferentes poseen una parte distinta del poder estatal. El ejecutivo gobierna la sociedad civil y administra el Estado y los bienes públicos, el legislativo legisla para establecer derechos y deberes y fiscaliza los otros dos poderes, y el judicial aplica la justicia según el derecho establecido.

Lo que caracteriza a todo Estado, desde el punto de vista del territorio, son dos funciones fundamentales: constituir un único poder central, teniendo la capacidad para reprimir toda minoría subversiva intraterritorial, y ser lo suficientemente fuerte para mantener su independencia y soberanía frente a otras potencias. Así se asegura la subsistencia de la sociedad.

Para cumplir con la función primaria de actuar el función del bien común, perseguir la paz y el orden internos y la defensa externa, defender los derechos fundamentales de la persona y establecer un ordenamiento jurídico, el Estado administra la sociedad civil, gobierna a los individuos que la componen, define los derechos y los deberes e imparte justicia. Por gobernar podemos entender la imposición de una dirección para la acción cívica de los individuos de la sociedad según el ordenamiento jurídico estructurado en función del bien común. En consecuencia, un gobierno debe proponer objetivos concretos, formular programas, conseguir la autorización y el respaldo ciudadano para llevar adelante su política, establecer estrategias para alcanzar dichos objetivos y ejecutar los programas.

Las funciones del Estado se diferencian entre las propiamente políticas y las eminentemente técnicas. Mientras las funciones políticas se refieren principalmente a asuntos de intereses de grupos, de derechos y deberes, del bien común, las funciones técnicas están relacionadas con la forma más apropiada de llevar adelante las políticas que se proponen y de ejecutar lo más eficientemente posible los programas. Así, pues, mientras la ética política indica que las funciones políticas deben reflejar lo más fielmente posible el interés de la mayoría, la práctica eficiente señala que las funciones técnicas deben ser efectuadas por personal competente y calificado técnicamente. Esto es en especial relevante en estructuras socio-políticas complejas y tecnológicamente avanzadas.

Con el objeto de que ambas funciones puedan ser llevadas a cabo con eficiencia y que reflejen los intereses de la mayoría y del bien común, los funcionarios políticos debieran representar fielmente a sus electores, quienes los mandatan y les entregan el poder para gobernar y legislar. En tanto, las funciones más técnicas deben ser ejecutadas por funcionarios técnicos que deben responder a su vez a los representantes políticos. Cuando se habla del gobierno de los mejores, a menudo para justificar gobiernos aristocráticos y descalificar gobiernos populares, se debiera pensar que los mejores, políticamente hablando, son los representantes más fieles y leales de los electores, y los mejores, técnicamente hablando, son ciertamente los técnicos más capacitados, seleccionados por los representantes políticos y responsables ante éstos.

Los filósofos políticos se preocupan acerca del origen del Estado, pues lo que se acepta sobre éste marca profundamente la estructura socio-política. Así, mucho se ha escrito sobre el origen del poder político: si divino o humano, si hereditario o electivo, si del más fuerte del punto de vista militar, económico, intelectual, cultural, etc., o de la mayoría; todo lo cual implica una particular concepción del ser humano: sobre la igualdad o no de los individuos ante la ley, sobre los derechos y deberes de los individuos, sobre privilegios, sobre la finalidad propia de los seres humanos; también sobre una concepción determinada de la autoridad; y, desde luego, también sobre la realidad concreta de quienes concentran el poder y de quienes se encuentran sometidos.

De ahí que, por una parte, la estructura política pueda adoptar las más variadas formas según quienes ejercen el poder y cómo se lo ejerce. Muchos vocablos admiten las formas concretas de cómo se estructura lo político, que reflejan también el interés particular de quienes los enuncian: desde tiranías hasta anarquías, desde totalitarismos hasta liberalismos, desde absolutismos hasta parlamentarismos, desde tecnocracias hasta burocracias, desde monarquías hasta oligarquías, desde teocracias hasta plutocracias, desde autocracias hasta democracias, desde autoridades hereditarias hasta republicanas. También son frecuentes las combinaciones de estructuras: una plutocracia resulta, en ocasiones, afín con una aristocracia, una democracia con una república, y una tiranía con un absolutismo o un totalitarismo. Del mismo modo hay estructuras que son evidentemente incompatibles.

La forma que adopta la estructura política depende también de las condiciones económicas, geográficas, geopolíticas, culturales, y de las experiencias pasadas según el mayor o menor éxito obtenido, que determinan, a su vez, una estructuración especial en la sociedad. La monarquía, que llegó a tener un enorme prestigio en la Edad Moderna hasta 1789, determina en la sociedad una división funcional entre rey y súbditos. El feudalismo, que fue muy funcional en la Edad Media, genera señores y vasallos. Una democracia, propia del desarrollo de la burguesía, hace ciudadanos de todos los individuos adultos. Una economía liberal, connatural con la industrialización, tiende a dividir la sociedad entre capitalistas y trabajadores, mientras que el clericalismo, más afín con una teocracia, la divide entre clérigos y laicos.

Sin embargo, una forma particular de estructura política depende también de las condiciones concretas de una determinada estructuración social. Una tiranía se da tras una situación anárquica. Una democracia se consolida cuando los individuos se sienten con iguales derechos y adquieren un grado adecuado de responsabilidad y respeto mutuo, todo lo cual depende de un cierto desarrollo de civismo. Una estructura social débil puede llegar a constituirse en dominio de conquistadores y colonizadores.

Hasta el presente, una democracia plena, supuestamente la más perfecta forma de estructuración socio-política por la gran libertad civil y respeto a las personas, nunca ha logrado estructurarse del todo. En el fondo, las diferencias económicas confieren más poder a unos que a otros, y esta característica se refleja en una desigualdad de los derechos fundamentales y de participación ciudadana. Además, cuando se le da prioridad a la protección de la propiedad privada, sobre otros derechos fundamentales, la política de seguridad nacional pisotea los derechos civiles de las personas.

También la forma de una estructura política está determinada por la manera como ocupa un territorio dado y su mayor o menor autonomía con respecto a otras estructuras políticas. Así, pueden existir estados nacionales, unitarios, federativos, asociados, dependientes, mancomunados, colonizados, etc. Estas diversas estructuraciones no pertenecen necesariamente a la misma escala. No obstante, como ya hemos visto, lo que caracteriza a toda estructura política, desde el punto de vista del territorio, son dos funciones fundamentales: constituir un único gobierno central, teniendo la capacidad para reprimir a una minoría subversiva intraterritorial, y ser lo suficientemente fuerte para mantener su independencia y soberanía frente a otras potencias. De este modo asegura la subsistencia de una estructura cívica dada.

Una estructura socio-política ocupa territorio y hace uso de las riquezas que contiene. En este sentido, ella se denomina nación. El nacionalismo más extremo ha supuesto que una nación tiene homogeneidad étnica. Lo que es cierto es que una nación, dada la actual estructuración política, comprende a todos los habitantes de un territorio dado, sin importar que sus miembros sean de la misma raza y tengan la misma religión, cultura y origen. El territorio es toda aquella superficie geográfica que puede ser ocupada por dicha población estructurada cívicamente y que puede ser defendida exitosamente por la estructura política contra otras estructuras sociopolíticas. De este modo, una estructura así identificada constituye un Estado nacional, siendo la función del Estado la imposición, incluso por la fuerza, del estado de derecho sobre el territorio que ocupa.

La función natural de la estructura política

La mayoría de los autores concuerdan en señalar que el origen natural de la estructura política debe buscarse en la necesidad de seguridad y protección de los individuos que componen una estructura social. Para evitar el desorden, que es propio de un estado de anarquía, y fortalecerse ante una amenaza externa, éstos ceden poder a la estructura política y se someten a la ley que ésta establece. Por su parte, la estructura política adquiere un poder considerable, emanado justamente del sometimiento y el reconocimiento.

Pero esto no es tan sencillo. Thomas Hobbes (1588-1674) partía de la base que el poder de la estructura política que se establecía de esta manera era tan colosal que él la designó con el nombre Leviatán, por el legendario monstruo marino. El Tercer Reich de Hitler, el Comunismo de Stalin y otros totalitarismos del siglo XX algo menos conspicuos le dieron toda la razón. La clave de un ordenamiento socio-político que persiga el bien común la dio Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) al entender que la autoridad o soberanía tras el poder no es cedida al mandatario por los mandantes, que son el mismo pueblo, sino que se mantiene en el pueblo. Los mandantes, a su vez, manteniéndose participativos, se obligan asimismo a someterse al poder político. De este modo, si el mandatario desobedece a los mandantes, éstos pueden llegar a revocarle el poder otorgado.

El natural ejercicio del poder político es la preservación de la paz y la imposición del orden. La paz y el orden se obtienen principalmente a través de impartir justicia para dirimir con equidad los conflictos entre la estructura política y los individuos y entre los mismos individuos, siendo este servicio público la función primaria de la estructura política. Así lo entendieron los reyes que mejor se desempeñaron históricamente como soberanos. Así también lo entendieron quienes en la división de poderes del Estado dieron un lugar independiente al poder judicial. Una estructura política incapaz de impartir justicia se enajena del pueblo. Asegurada la paz, la primera demanda de un pueblo hacia la estructura política es la justicia.

El origen de la estructura política no debe identificarse con la función que le pertenece por naturaleza si se considera que los individuos que son gobernados son personas que actúan intencionadamente según objetivos que le son propios. En este caso, si el origen natural de una estructura política es el ejercicio del poder para preservar la paz y el orden social, su función natural es asegurar la libertad y la seguridad de los gobernados de acuerdo a las leyes que, según la equidad, establecen los derechos y los deberes. Una democracia, que es el gobierno del pueblo, explica esta transferencia de poder mediante una redefinición de los gobernantes, los cuales pasan a ser representantes y mandatarios que deben responder por los actos de gobierno y administración a sus representados y mandantes.

A menudo, la estructura política se arroga funciones adicionales para garantizar la subsistencia de la estructura social. Estas pueden llegar al límite de subordinar la funcionalidad propia de los individuos como personas a los objetivos políticos, como ocurre con los totalitarismos. Pero una función propia de la estructura política, que es negada interesadamente por el liberalismo económico, es la dirección de la economía, pues se trata de un dominio de la actividad humana del que no sólo depende la supervivencia de los individuos, sino que también su relativo poder político y la base esencial para las divisiones de clase. El sistema económico que ha llegado a predominar en el mundo, al término del siglo XX, basado en la libre empresa, el libre mercado, la globalización del comercio, la economía abierta, hace imprescindible que, más allá del mercado como regulador de la economía, el Estado, en su propia escala, asuma funciones reguladoras y orientadoras, como obtener mayor equidad, mejorar la distribución de la riqueza, conseguir mayor igualdad de oportunidades, etc.

La doble función de la estructura política (la preservación de la paz y la imposición del orden) genera tres ejes de relaciones. El primero se establece entre los individuos dentro de una misma estructura social; el segundo se establece entre los individuos de la estructura social y la estructura política, y el tercero se establece entre dos o más estructuras socio-políticas distintas, que son representadas por sus estructuras políticas o Estados. La teoría política se ha preocupado principalmente por los dos primeros ejes de relaciones y ha dejado el tercero sin mucho más análisis que el que legó Maquiavelo, lo que ha producido no pocas confusiones teóricas y muchas guerras.  

El primer eje de relaciones se establece entre los individuos de la estructura social. Podemos observar que éstos se relacionan de un modo dual. Los seres humanos se necesitan entre sí para compartir y ejercer acciones conjuntas. Mientras cada uno es naturalmente indigente y busca en la fuerza de otros la satisfacción de muchas de sus necesidades, cada uno tiene fuerzas providentes que pueden ayudar a satisfacer las necesidades de otros.

Sin embargo, esta visión ideal de las relaciones humanas, comúnmente aceptada, tiene en la realidad tanto un reverso más áspero como una naturaleza de mayor sociabilidad. Así, por una parte, los seres humanos son no solamente competidores entre sí frente a los bienes requeridos, que son escasos para la satisfacción de sus múltiples necesidades, sino que ellos mismos son vistos por otros como bienes en sí mismos para ser usados y explotados. Por la otra, los seres humanos no sólo son individuos egoístas que están tras sus propios intereses, sino que son personas naturalmente solidarias y cooperadoras.

Los seres humanos se relacionan dentro de una estructura social según dos principios: Primero, se relacionan según la funcionalidad recíproca y equilibrada entre la tendencia centrípeta de necesidades y la tendencia centrífuga de servicios; y, segundo, se relacionan según la funcionalidad recíproca y no equilibrada entre la necesidad de uno de defenderse frente a la tendencia que tienen otros de aprovecharse de uno y la tendencia que uno tiene de aprovecharse de los otros. Ambos principios están en la base de cualquier teoría acerca de la realidad sociopolítica. Esta doble funcionalidad de los seres humanos explica una estructuración social en demanda natural de una estructuración que incluya la estructura política. De este modo, al deseo de igualdad jurídica de los individuos pueden oponerse privilegios de minorías, propensos a surgir a causa de los naturales desequilibrios de poder. Al deseo de protección de los individuos naturalmente más débiles se opone la arbitrariedad de los más fuertes. A la tendencia de solidaridad se opone el egoísmo.

El segundo eje de relaciones se establece entre los individuos de la estructura social y la estructura política. Ambos polos se condicionan mutuamente, generándose intensas fuerzas centrípetas hacia cada uno de ellos. Tanto el individuo humano como el Estado son estructuras que tienen finalidades propias, exclusivas e irreductibles. Cada ser humano constituye la máxima estructuración que ha alcanzado la materia en el universo y posee finalidades singulares que pueden incluso transcender el universo, y que se expresan en los derechos fundamentales. Por su parte, el Estado, como hemos visto, tiene por función natural preservar la paz y mantener el orden, condiciones que expresan el bien común y que posibilitan a los individuos alcanzar sus objetivos propios. Y en su acción, el Estado debe respetar, promover y hacer valer los derechos humanos fundamentales.

Al generarse dos polos, también se generan tensiones entre ellos. De este modo, a la libertad individual que requiere el ser humano para alcanzar sus objetivos pueden oponerse el control y hasta la opresión del Estado. A la subsidiariedad que puede tener la acción individual, y de grupos sociales, se opone la tendencia del Estado para ejecutar dichas acciones. A la pluralidad natural de los grupos humanos se opone la tendencia homogeneizadora del Estado. A la necesidad de participación del individuo en la estructura cívica se opone el autoritarismo estatal.

La estructura política se justifica a menudo ante la estructura social por una determinada explicitación de un objetivo secundario, usualmente múltiple y de tipo ideológico, axiológico o cultural, que se propone perseguir más allá de sus funciones primarias, como la justicia, la paz, el orden interno y la defensa externa. Así, pues, aquella expresa estos objetivos que son atractivos en sí mismos, como por ejemplo, libertad, igualdad y fraternidad; justicia social y progreso; unidad y solidaridad; desarrollo y bienestar; independencia y soberanía; obediencia y salvación eterna; trabajo y seguridad; grandeza y conquista; salud, vivienda y educación, etc. Explicitando esta clase de objetivos, la estructura política consigue encauzar su acción política.

El acceso al poder político puede ser de muchos modos. Puede ser violento o pacífico, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo. La historia es en parte un recuento de revoluciones, revueltas, reformas, rebeliones, guerras, conquistas, derrocamientos, abdicaciones, huelgas, complots, golpes, magnicidios. También se registran pactos, acuerdos, contratos y hasta elecciones libres, limpias e informadas. La estructuración social se ve en gran medida condicionada por la ambición de grupos por acceder al poder político para conseguir principalmente su propio beneficio, pues resulta demasiado evidente que quien está en posición de poder alcanza prebendas que serían imposibles por otros medios. Por el contrario, las minorías débiles llegan a grandes sufrimientos por carencia de suficiente poder que limite los abusos de los poderosos. Una democracia es considerada el régimen político más humano y equitativo, pues no sólo puede ejercer un freno a los privilegios y al poder excesivo, sino que también puede representar una seguridad para las minorías.

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NOTAS:

Todas las referencias se encuentran en Wikipedia.
Este ensayo ha sido extraído del Libro IX, La forja del pueblo (ref. http://www.forjapueblo.blogspot.com/), Capítulo 3. El estado y la sociedad civil.

Viene de http://forjapueblo2.blogspot.com

Continúa en http://forjapueblo4.blogspot.com/

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